Publicada la nueva Ley de Memoria Democrática en el BOE
El pasado jueves, 20 de octubre de 2022, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha destacado que la Ley de Memoria Democrática, que este viernes entra en vigor, pretende cerrar de una vez por todas las heridas de las víctimas de la guerra y la dictadura. En un vídeo publicado en Twitter, con el 'Guernica' de Picasso de fondo, Bolaños ha añadido que la norma reivindica "la libertad frente a la represión, la democracia frente a la Dictadura y el reconocimiento frente al olvido".
Entre algunas de las claves de la nueva ley de memoria, el régimen ha sido declarado ilegal, así como los tribunales militares franquistas y con ello quedan anuladas todas las condenas que emitieron. La búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura corresponderá a la Administración General del Estado. En la ley también se define el concepto víctima: "aquella persona que haya sufrido daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo de derechos fundamentales desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978". Se declara el 31 de octubre como día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la Dictadura, y el 8 de mayo como día de recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la Dictadura. El actual Valle de los Caídos (Madrid), pasa a denominarse Valle de Cuelgamuros y se dará a conocer las circunstancias de su construcción y su significado. También se promueve la creación de un fiscal de Sala para investigar violaciones del derecho internacional y de derechos humanos durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y la Dictadura que impulsará, además, los procesos de búsqueda de víctimas y se creará una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado "por la consolidación de la democracia" y que señale "posibles vías de reconocimiento y reparación". La nueva ley garantiza el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados sobre todos los hechos ocurridos entre el golpe de Estado de 1936 y la Transición hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Desde el punto de vista educativo, la Administración General del Estado promoverá el conocimiento de la memoria democrática española mediante programas específicos de divulgación que incluirán el relato de las víctimas y, específicamente, la memoria de las mujeres.