El Congreso aprueba la Ley de Memoria Democrática

La ley de Memoria Democrática ha sido respaldada el pasado jueves en el Congreso con 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones. El nuevo proyecto memorialista, que busca actualizar y mejorar la ley de Memoria Histórica de 2007, aunque aún debe pasar por el Senado para continuar su tramitación parlamentaria. Se espera que el texto sea finalmente aprobado en septiembre, según las previsiones que maneja el Gobierno.

Entre las novedades más destacadas, la ley establece de forma expresa que la búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura corresponderá a la Administración General del Estado. Para ello, se creará un banco estatal de ADN y un censo estatal de víctimas con los nombres de aquellas personas fallecidas y de las supervivientes que expresen su consentimiento expreso. La ley "declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar", iniciada con el golpe de Estado que, "como consecuencia de las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos, fue sustituido con la proclamación de un Estado Social y Democrático de Derecho a la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978, tras la Transición democrática".

Asimismo, se recoge de manera explícita en la ley la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas constituidos a partir del 18 de julio de 1936, así como la nulidad de todas sus resoluciones y condenas. Además, "se reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra y la dictadura, en los términos que se establezcan legalmente, así como en la normativa de desarrollo".

El texto legislativo también plantea la extinción de aquellas fundaciones que enaltezcan a sus dirigentes y lo hagan con menosprecio de las víctimas o incitando al odio. La ley también suprime un total de 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978, entre ellos el de duque de Primo de Rivera, duque de Calvo Sotelo y duque de Mola. Asimismo, garantiza el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados sobre todos los hechos ocurridos entre el golpe de Estado de 1936 y hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

 

Fuentes:

Pilar Araque: “El Congreso aprueba la nueva ley de memoria tras un debate embarrado por las derechas a cuenta de ETA”, Público, 14/07/2022.

Marta Borraz: “El Congreso aprueba la Ley de Memoria Democrática con la oposición de las derechas”, Eldiario.es, 14/07/2022.