El Gobierno aprueba enviar a las Cortes la Ley de Memoria Democrática

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de ley de Memoria Democrática. El anteproyecto aprobado en septiembre de 2020 ha sido completado desde entonces con las aportaciones de distintos informes y ahora comenzará su tramitación parlamentaria.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha remarcado, como objetivos principales de la futura ley, la recuperación, salvaguarda y difusión de los valores democráticos, los derechos fundamentales y su reivindicación, así como el reconocimiento de todas las víctimas del golpe de estado de julio de 1936 y de la dictadura. "Esta es la primera ley en que se condena y se repudia expresamente el golpe de estado y la dictadura posterior, que han supuesto el periodo más negro de nuestra historia contemporánea", ha subrayado. Las violaciones de derechos humanos que se produjeron en ese periodo se declaran injustas, se consideran ilegítimos los tribunales de excepción que dictaron sentencias y estas se declaran nulas.

El principio de verdad se centra en la atención a las víctimas, que ocupan el papel central en la ley. Bolaños ha asegurado a las miles de personas que buscan los restos de sus familiares y antepasados que cuentan con el Gobierno para ayudarles en esa misión: "Será el Estado el que tendrá la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas, y se hará una planificación cuatrienal para ir avanzando de manera pausada, pero constante, en la recuperación de restos de personas que fueron represaliadas en su momento".

El deber de memoria se cumplirá con la inclusión de la memoria democrática en el currículum educativo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP), el fomento de la investigación y la creación de un centro documental en Salamanca que abarque desde 1936 a 1978. Respecto al Valle de los Caídos, la ley establece que no podrá haber ningún cuerpo de ninguno de los protagonistas en un lugar preponderante. Se extingue, asimismo, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos que proviene de un Real Decreto-ley del año 57, "contrario a la Constitución y a los valores democráticos", y se aprobará un nuevo régimen jurídico.

Fuente: La Moncloa

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